La cruda realidad que se vive en las calles se refleja en números y reacciones. En lo que va del año se produjeron 18 homicidios, de los cuales 13 fueron producidos en situación de robo, el doble de los que se registraron en 2018. De ese número, siete fueron casos de justicia por mano propia, es decir víctimas de robos que acabaron con las vidas de las personas que habrían pretendido asaltarlos. Los índices de inseguridad se han disparado y la sociedad, al sentirse desprotegida por el Estado, decidió tomar el peor de los caminos: violar la ley para protegerse.

La imagen de la Policía está al nivel del suelo. Algunos la comparan con la “cana del mirandismo”, donde reinaba el descontrol y florecían los casos de corrupción. El insólito hecho en el que quedó involucrado comisario Alfredo Pineda es un claro ejemplo. El funcionario fue beneficiado al ser designado jefe de la comisaría del pueblo donde construyó “La Soñada”, la quinta que utiliza para criar gallos de riña, actividad que está prohibida por la Justicia. El oficial terminó encerrado en un calabozo por segunda vez en menos de un año. Primero fue por haber ingresado ilegalmente al domicilio de un supuesto ladrón al que baleó por la espalda y a corta distancia. Ahora porque habría pretendido robar cables del alumbrado público en Alberdi y, posiblemente, por haber cargado combustible en la camioneta que habría utilizado en el ilícito con los vales que le daba la fuerza para abastecer a los móviles de su dependencia.

Este no es un hombre más: es el comisario que movilizó a los funcionarios del Ministerio de Seguridad cuando fue detenido en 2018 y por el que cuestionaron duramente al fiscal que lo investigó por haberse excedido en sus funciones; es el mismo oficial que fue distinguido con una medalla en diciembre pasado que fue entregada por el mismísimo Juan Manzur. Es casi seguro que el gobernador no sabía a quién estaba distinguiendo, pero es imperdonable que los que conducen la fuerza no se hayan dado cuenta del daño que podrían haber generado al número 1 de la política tucumana en un año electoral. Ni sus rivales más maquiavélicos podrían haber ideado un plan de desprestigio tan ideal como ese. Fue un error no haber reaccionado ante esta situación; muchos pueden considerar esta inacción como un gesto de complicidad.

La falta de capacidad y de ideas para revertir la inseguridad que se vive en las calles obliga a los responsables de la fuerza a cometer errores que destruyen aún más la imagen de la Policía. Sin que se conocieran los verdaderos motivos, antes de que finalizara enero se realizaron profundos cambios en dependencias clave. Por ejemplo, se removió la cúpula de la Dirección General de Drogas Peligrosas y dos semanas después, el personal que fue llevado por los nuevos jefes quedó involucrado en un caso de presunta corrupción. Sólo la sospecha daña a una división que, por la tarea que realiza, deber ser impoluta. En esta situación tampoco hubo una reacción inmediata. No se habla de castigar, sino de demostrar a los tucumanos que no se tolerará este tipo de casos.

Más caos

La inacción del poder político para brindar seguridad y la falta de credibilidad y la lentitud de la Justicia han generado un caos en la provincia. El Poder Judicial no puede mirar para otro lado. Debe recordar que Alexis Castro y Luis Manuel Rojas, dos supuestos motochorros que perdieron la vida en manos de los mal llamados justicieros, fallecieron sin haber sido enjuiciados por los homicidios de que estaban acusados. Por la falta de fallos ejemplificadores la sociedad pretende justificar lo que es injustificable.

Muy pocos se espantaron por el crimen del barrio Señalero. Un hombre, que habría sido víctima de un robo, según fuentes judiciales, fue a buscar al autor del hecho con un grupo de allegados. Cuando lo encontraron, lo golpearon, lo subieron a un vehículo donde siguieron agrediéndolo y terminaron abandonándolo en una plaza, pero antes le propinaron otra golpiza. El supuesto ladrón murió horas después, casi al mismo tiempo que uno de los agresores se presentó ante la hija de la víctima para pedirle perdón porque “se les había ido la mano”.

Este no es una historia más del filme “Relatos salvajes”, sino un pantallazo de la realidad de nuestra provincia. Especialistas señalaron que esta situación empeorará si no se toman cartas en el asunto. Sostuvieron que se deben realizar cambios en las políticas de seguridad; mayor inversión en el área; capacitación para los hombres de la fuerza; mayor celeridad en la Justicia. Piensan que en un año electoral los candidatos tendrían que hacer un diagnóstico correcto y actuar de inmediato para que no continúe propagándose la sed de sangre y se termine imponiendo la ley de la selva.